Las entidades dependen actualmente de la Inspección General de Justicia.
La complejidad económica que venían padeciendo los clubes de barrio se agravó desde el comienzo de la cuarentena, y la situación de incertidumbre es lo que domina la escena para cuando tengan que reabrir sus instalaciones luego de la pandemia.
El presente es más oscuro aún por los gastos que significa mantener una institución en regla, al depender de la Inspección General de Justicia (IGJ) u otros organismos jurídicos, que no están vinculados con las asociaciones sin fines de lucro.
El objetivo de ellas es fomentar la comunidad organizada y fortalecer las economías regionales. Para ello unen fuerzas, en cada distrito, las cooperativas, mutuales, sindicatos, y clubes, que trabajan junto con los municipios para poder crecer. A partir de esa iniciativa nació una inquietud que va tomando fuerza, y es que los clubes entienden que deberían depender del INAES y no de la IGJ, que regula a las sociedades comerciales con fines lucrativos.
Los argumentos que presentan los clubes son que los requerimientos que exige la IGJ (balances, trámites ante escribanos, gastos de contadores, abogados, etc.), más tener que trasladarse a los organismos jurídicos en las capitales de las provincias, generan una erogación por las que se les hace inviable responder a clubes de barrio o pequeñas entidades que responden a trabajos sociales, que se mantienen por la colaboración que pueden aportar sus socios.
Fuente: Mundo Amateur
Foto: Cortesía Tres Líneas